México, D.F., a 18 de diciembre de 2009

Boletín de Prensa 

  • El servidor público estuvo involucrado en la planeación de los operativos que desembocaron en graves violaciones a derechos humanos en San Salvador Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006.
  • Su nombramiento es una nueva expresión del desdén del gobierno federal respecto de los derechos humanos 
Ayer, 17 de diciembre, fue confirmada la designación de Wilfrido Robledo Lamadrid como máximo responsable de la recién creada Policía Federal Ministerial, perteneciente a la Procuraduría General de la República.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez considera que es lamentable el nombramiento de Robledo Lamadrid para tan importante cargo debido a su negro historial en materia de derechos humanos. El servidor público estuvo involucrado en el diseño y la ejecución de los operativos policiales que desembocaron en graves violaciones a derechos humanos en contra de las personas detenidas el 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco y Texcoco, mientras se desempeñaba como responsable de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense.
Robledo Lamadrid y otros funcionarios del gobierno del Estado de México, incluyendo al gobernador Peña Nieto, negaron la existencia de violaciones a derechos humanos; su existencia, sin embargo, fue confirmada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Actualmente estas violaciones son investigadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Particularmente, Robledo Lamadrid y Peña Nieto negaron persistentemente las agresiones sexuales cometidas en contra de varias de las mujeres detenidas. Algunas de ellas, acompañadas del Centro Prodh, han persistido en su denuncia, señalando incluso a los responsables materiales e intelectuales, sin embargo hasta hoy no han accedido a la justicia. El involucramiento de Robledo en los hechos fue tácitamente aceptado por él mismo cuando se retiró de su cargo al iniciar la investigación constitucional realizada por la SCJN.
La designación de un servidor público con cuestionables antecedentes en temas de derechos humanos, como ocurrió en el caso del procurador Chávez Chávez, evidencia la escasa relevancia que el ejecutivo federal otorga a dicha cuestión: un gobierno comprometido con los derechos humanos no designa para cargos clave a funcionarios que en el pasado han actuado notoriamente en contravención de esos mismos derechos. Lejos de contribuir a la depuración de las corporaciones policiales, tales nombramientos implican volver a apostar por quienes en el pasado han mostrado no estar a la altura de tan importantes responsabilidades.
En suma, el Centro Prodh lamenta la designación de Wilfrido Robledo como nuevo responsable de la Policía Federal Ministerial. Frente a esta circunstancia reitera que el probado desdén de la actual administración respecto de los derechos humanos obliga -como ocurre con las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco- a buscar justicia en las instancias internacionales correspondientes.